Microplásticos en especies comerciales de pesca podrían traer consecuencias devastadoras

Los desechos plásticos son una grave amenaza ambiental, especialmente para los océanos, que se han convertido en su principal sumidero. Los microplásticos, que provienen principalmente de la degradación de objetos más grandes, afectan tanto la vida terrestre como marina, impactando la salud humana de diversas maneras, incluida su incorporación en la cadena alimentaria. Lorena Riofrío, Carlos Naranjo, Carlos Íñiguez y María Naranjo, investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), están estudiando estos impactos y abogando por un cambio cultural significativo para reducir la contaminación por plásticos.

La baquelita, creada por el químico belga Leo Baekeland en 1907, fue el primer plástico completamente sintético. Sin embargo, fue a partir de la década de 1950 que la producción de plásticos experimentó un crecimiento acelerado, superando a la mayoría de otros materiales fabricados hasta el momento. 

Tan solo en la última década, la producción de plásticos superó los 4.000 millones de toneladas métricas, y en total, se calcula que se han producido más de 12.000 millones de toneladas métricas, desde el primer plástico sintético hasta la actualidad.

Especies comerciales de pesca antes de ser diseccionados.

De toda la cantidad de plástico producido, el 70% ha terminado como desecho, ya sea en vertederos, dispersos en el medio ambiente o incinerados. Dado que el plástico puede tardar más de 400 años en degradarse, la gran mayoría de este material aún persiste en alguna forma en nuestro planeta.

Estudios han demostrado que los residuos plásticos presentan serios problemas ambientales para ecosistemas y organismos, ya sean terrestres o marinos. En 2020 se estimó que en América Latina y El Caribe aproximadamente 3,7 millones de toneladas métricas de estos desechos estaban en riesgo de ingresar al océano, lo que representa una grave amenaza para la vida marina.

Conocer cómo afectan los microplásticos a las especies marinas, concretamente a las especies comerciales que se venden en mercados y supermercados, es una de las preguntas que se hicieron los investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja en el marco del proyecto “Vinculando la sociedad y la academia a través de la Biología. Fase 1: de la teoría a la práctica”, el cual se desarrolla en la carrera de Biología y que tiene a la provincia de El Oro como lugar de aplicación .

La investigadora María Naranjo trabajando en el laboratorio.

Lorena Riofrío, coordinadora del proyecto, explica que “este programa es extenso y cubre múltiples aspectos a través de diferentes proyectos. En los últimos tres ciclos, hemos trabajado con estudiantes universitarios, concentrándonos en el tema de los plásticos. Comenzamos una campaña en las comunidades del Archipiélago de Jambelí, enfocada en la limpieza de playas y en la concienciación de los residentes sobre la prevención de la contaminación, destacando los peligros asociados con el plástico”.

Otro de los objetivos que se marcaron fue determinar si había existencia de microplásticos en especies comerciales producto de la pesca. Según añade la investigadora, “comenzamos a analizar ciertos órganos como branquias, estómago, intestino, entre otros. Esto nos permite trazar una ruta para entender mejor qué está sucediendo con los microplásticos en estos peces”.

Imagen de un microplástico captado a través del estereoscopio

Hasta ahora, los resultados de la investigación en curso no son nada alentadores. De los 64 especímenes examinados, todos tienen presencia de microplásticos, hecho que confirma investigaciones previas que alertan sobre la presencia de estos residuos en especies marinas. 

Los denominados microplásticos secundarios son pequeñas partículas, menores a cinco milímetros, que provienen de la fragmentación de plásticos más grandes, principalmente de productos de un solo uso como botellas, envases y bolsas. En el mar, se suma el problema del desecho de las redes de pesca, que cuando pierden su vida útil, son arrojadas al mar, causando muertes de especies marinas por atrapamiento, y su descomposición genera estos microplásticos que son ingeridos por la fauna marina.

Un aspecto que inquieta particularmente a Lorena es la presencia de microplásticos en los órganos reproductores de los peces examinados, lo cual supone una probable afectación negativa a su reproducción. La reducción del tamaño poblacional de varias especies a la vez podría desencadenar un efecto en cascada con consecuencias devastadoras para la vida marina. 

Hasta ahora, Ecuador no ha implementado ninguna ley efectiva, ni ha experimentado un cambio cultural, ni ha desarrollado alternativas viables que reemplacen el uso de plásticos, especialmente aquellos de un solo uso. La investigadora enfatiza: “es importante ser completamente conscientes de los impactos que nuestras acciones generan sobre el planeta y todos los seres que lo habitamos. Desde el ámbito de la investigación, es esencial continuar con estudios detallados en esta área. Además, resulta crucial que los gobiernos se comprometan más y respalden estas investigaciones para impulsar cambios significativos”.


Gynoxys revolutifolia: Nueva especie en Ecuador

Gynoxys es un género muy diverso de Asteraceae, con una distribución en los Andes y bosques desde Venezuela hasta el norte de Argentina. El género comprende alrededor de 130 especies, de las cuales 34 están reportadas en Ecuador. 

Nelson Espinosa, investigador asociado al Herbario de la UTPL, fue parte del descubrimiento de una nueva especie en Ecuador, presente entre las provincias de Loja y Zamora-Chinchipe. La nueva especie Gynoxys revolutifolia es un arbusto o arbolito caracterizado por hojas coriáceas, gruesas y con márgenes revolutos, que tienen una textura gruesa y resistente, similar a la del cuero. 

Todas las poblaciones identificadas de esta especie se localizan en el páramo arbustivo y bosque montano, situados entre los 2.800 y 3.300 metros sobre el nivel del mar. La distribución de la especie abarca las provincias ecuatorianas de Loja y Zamora Chinchipe, en la Cordillera Real Oriental, específicamente dentro de los límites del Parque Nacional Podocarpus. Esta área es renombrada por su elevada biodiversidad y niveles significativos de endemismo. Un sitio destacado es el paso de montaña denominado “El Tiro”, caracterizado por su vegetación arbustiva que soporta vientos de alta velocidad y presenta condiciones climáticas con temperaturas promedio entre 7 y 13 °C, altos niveles de precipitación y suelos deficientes en nutrientes.

Debido a su presencia confirmada en solo tres localidades y teniendo en cuenta la continua y rápida degradación del bosque y páramo en el sur de Ecuador, se le asigna provisionalmente la categoría de “en peligro de extinción”. Esta clasificación se basa sobre los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Dependencia energética: un reto sin solución a la vista

Classic incandescent light bulb on blurred background of abstract toned stock chart, selective focus. The concept of the energy crisis and electricity inflation. Rising electricity prices

Ecuador enfrenta desafíos significativos que requieren atención inmediata y soluciones efectivas. Aunque actualmente el país atraviesa un periodo de relativa calma, la dependencia del clima y la infraestructura energética insuficiente presentan riesgos que podrían desencadenar una crisis.

Para conocer más sobre el tema entrevistamos a Ángel Bayron Correa Guamán, un destacado profesional en el campo de la electricidad en Ecuador. Con formación académica como Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas e Ingeniero Industrial, y una maestría en Seguridad Industrial, Ángel Bayron ha dedicado su carrera a la creación de soluciones sostenibles y eficientes en el ámbito energético.

P. Vamos a hablar hoy sobre el tema de la energía eléctrica. ¿Estamos en crisis o no?

Ahora mismo, estamos en periodo de calma con el tema de los cortes de energía eléctrica, pero dependemos del clima. Generalmente, en los meses de septiembre y octubre, suele haber sequía en gran parte de la Sierra, generalmente donde están las centrales de Paute y la represa de Mazar. Actualmente, estamos sobreviviendo con el tema de los cortes porque Colombia nos vende energía eléctrica, aunque el costo de kilovatio por hora (kW/h) es alto.

Pero al final, vamos a tener dificultades si no empezamos a solucionar este problema. Se estima que cada año hay un aumento de demanda entre el 3% y 4% de energía eléctrica en Ecuador. Se calcula que nosotros teníamos que haber aumentado cada año -desde 2018- una producción en potencia de unos 300 megavatios (MW) para poder estar bien.

P. ¿Cómo evalúa la situación de la infraestructura eléctrica en el país?

Tenemos una gran capacidad de energía hidráulica, pero no la suficiente. Antes, teníamos energía termoeléctrica, con plantas eléctricas que funcionan a diésel, pero la mitad no ha estado en funcionamiento. No tenemos la capacidad que habíamos pensado, que más o menos se estipulaba en los 8.000 MW de potencia. En cambio, cuando llegamos a tener picos de 5.000 MW de demanda hemos tenido problemas. Si las condiciones climáticas lo permiten, a lo mejor podamos sortear este año, aunque pienso que no, pero vamos a seguir arrastrando el problema año tras año si no intervenimos en este momento con proyectos a corto, mediano y largo plazo.

P. Dependemos del clima. En una situación de sequía extrema nos veríamos en una situación bastante delicada…

En octubre vamos a ver qué pasa. Coca-Codo Sinclair aportó cerca del 40 % de la energía del país en momentos puntuales. Estamos forzando Coca-Codo Sinclair, que es una central que no tiene represa y a veces tiene que lidiar con el problema de la acumulación de sedimento, lo que hace que haya que parar para darle mantenimiento. Entonces, imagínate que en octubre tengamos este problema de sequía, la llevemos al límite y falle… Sería un caos para Ecuador.

Nosotros necesitaríamos tener por lo menos un pico de generación de potencia eléctrica de 5.000 MW en condiciones normales de demanda, más un 20% de factor de seguridad, en caso de que alguna central se desconecte por fallas o porque necesita mantenimiento. Pero ahora mismo nuestra producción de potencia en hidroeléctricas ronda los 3.500 MW en el mejor de los casos. 

P. ¿Cómo suplimos eso? 

En la actualidad estamos comprando energía a Colombia. Se puede ingresar a la web  CENACE y ahí se registran datos del consumo diario en tiempo real. Por ejemplo, estamos comprando energía eléctrica por valor que ronda un millón de dólares diarios a Colombia, que nos vende a valor de mercado, con un valor promedio de 25 centavos el kW el año pasado, teniendo picos que superaron los 60 centavos. Pero si Colombia afrontara una sequía, va a tener problemas para generar energía y nos van a cortar el suministro, como ya sucedió. Como mencionó un ministro, estamos rezando para que llueva. Sin embargo, lluvias excesivas, especialmente en la Amazonía, también presentan desafíos. Los ríos cargados de lodo y sedimentos obligan a realizar paradas de mantenimiento en las hidroeléctricas.

P. Como consumidores, ¿qué podemos hacer?

La verdad es que en Ecuador consumimos muy mal. Por ejemplo, dejamos los televisores encendidos, no regulamos bien la temperatura de los equipos de congelación, tenemos instalaciones internas de casa hechas de una manera poco técnica, tenemos aparatos antiguos que consumen mucho más… También, las empresas no tienen un buen mantenimiento de sus instalaciones eléctricas, somos ineficientes en la parte pública, por ejemplo, en los municipios que incluso en épocas de crisis tienen las fuentes de agua encendidas, escaleras eléctricas funcionando, encendida la iluminación de los parques y letreros de negocios, por mencionar algunos casos. Dense cuenta de que, si nosotros ahorramos energía, al final lo que estamos haciendo es que la central de Mazar, por ejemplo, se mantenga con suficiente agua en momentos de crisis y así evitarnos problemas más graves.

P. ¿Cómo valora la actuación de los diferentes gobiernos? 

Yo creo que tienen una gran responsabilidad en lo que está pasando. Había una planificación hecha hasta 2030 para incorporar 300 MW anuales; pero en los últimos años no se ha construido nada y no se ha dado el mantenimiento adecuado a la generación termoeléctrica. Es una irresponsabilidad. 

Inclusive yo pienso que el Estado debería tener una campaña muy fuerte de comunicación en temas de eficiencia energética. Si nosotros consumimos adecuadamente puede ser que nos ahorremos una central hidroeléctrica de 300, 400 o 500 millones de dólares.

P. La crisis energética no solo tiene un factor, es multifactorial: hablamos de consumo, de generación y de eficiencia. Serían estos tres los principales factores a mejorar, potenciar y concienciar.

Exactamente, hay cosas que se pueden hacer ahora mismo. Por ejemplo, una buena campaña de comunicación. Hay otros que son de mediano plazo como instalar nuevas fuentes de generación, como la energía solar fotovoltaica. Ahora mismo, en la provincia de Loja tenemos un potencial estudiado de unos 3.000 MW. Aunque técnicamente no se podría incorporar toda esa potencia, sí podríamos aportar desde la provincia de Loja con generación. La energía solar ya es competitiva y rentable: si le ponemos un precio de 6,5 centavos el kW, ya es mucho menor del precio al que Colombia nos vende energía.

La energía solar fotovoltaica funciona de forma sincronizada con la hidráulica, porque, cuando no llueve mucho suele haber bastante sol, y cuando llueve mucho, no produce la parte solar, pero sí la hidráulica.

Imagínense instalar unos 300 MW de los mil que necesitamos de potencia. Se generarían puestos de trabajo, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo en la parte de mantenimiento, y el Estado no tendría que hacer esta inversión. 

También deberíamos instalar centrales eléctricas. Si empezamos pronto, entrarían en operación dentro de cinco a 10 años. 

P. ¿Cuál sería su último mensaje?

Desde la academia nosotros podemos aportar. Necesitamos empezar a dar soluciones, quitarnos de los conflictos entre partidos políticos y plantear alternativas para resolver este problema. Es lo que estamos haciendo desde la UTPL, investigando sobre temas de microrredes, fuentes de energía, eficiencia energética, etc.

Simplemente quiero decirle a la gente que consuma de manera responsable y que sean conscientes de que tenemos un problema que se puede agravar y nos va a afectar a todos, tanto en la parte económica como en la social.

Hay muchas más cosas que hacer. Es difícil enumerar todas en una entrevista corta, pero podemos hacer mucho. Simplemente invitar a las otras universidades, que también tienen gente muy preparada en el tema de energía eléctrica, a aportar con soluciones.


Ángel Bayron Correa Guamán

Con formación como Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas e Ingeniero Industrial, posee una maestría en Seguridad Industrial. Cuenta con amplia experiencia en diseño, mantenimiento y ejecución de proyectos de energía solar fotovoltaica y eficiencia energética, aportando sus conocimientos en el desarrollo de soluciones sostenibles y eficientes en el ámbito industrial.

Cambio climático, urbanización y su efecto en la seguridad alimentaria y nutricional

Aerial drone view of gated communities outside Guayaquil City, Ecuador and the main highway going to Via a la Costa. Shot from over houses and homes.

La seguridad alimentaria es un asunto de vital importancia en el mundo porque está en riesgo permanente de deteriorarse más, según lo explica la Organización Acción contra el Hambre. Esto, debido a que, muchas personas no tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos para satisfacer las necesidades alimenticias para desarrollar una vida saludable. 

Este panorama se agudiza de forma acelerada y con ello, estamos lejos que se cumpla el objetivo mundial marcado para el 2030 “hambre cero” expuesto por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Las causas son varias: la escasez de agua, la degradación de suelos, el cambio climático, el calentamiento global y se agrega un factor implícito en la sociedad, la urbanización, que en muchos países continua en aumento producto de la sobrepoblación, un fenómeno que en paralelo provoca daños al medio ambiente, destrucción de ecosistemas, hambre y disminución de la calidad de vida. 

Con la urbanización se evidencia el cambio en “los sistemas agroalimentarios de forma que ya no podemos entender si consideramos las zonas rurales y las zonas urbanas separadamente”. La causa de las aglomeraciones de población rural-urbano con interacciones socioeconómicas indicen en los sistemas agroalimentarios, de forma negativa por la creciente oferta de alimentos baratos, con elevadas calorías y procesados que comúnmente se encuentran en zonas urbanas y la exclusión de los pequeños agricultores en la dinámica comercial. Por el lado positivo, favorece a la transformación de las economías que se denota con el acceso vial, zonas interconectadas. “Cada vez más las zonas rurales y urbanas son espacios menos separados por derecho propio” y más bien se fortalecen vínculos entre estas zonas lo que favorece a los sistemas agroalimentarios, así lo indica la ONU en el informe: “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo”, publicado en el año 2023. 


En este sentido, Luis Rojas especialista en Economía Agroalimentaria y Medio Ambiente e investigador del Grupo Economía de Recursos Naturales, Agricultura y Medio Ambiente de la UTPL indica que, para que exista seguridad alimentaria se deben cumplir cuatro dimensiones: la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad. “La disponibilidad tiene que ver con la oferta de alimentos y se la consigue con la producción agrícola local y nacional y con la importación de alimentos. El acceso tiene que ver con los recursos disponibles que cuenta la población para adquirir los alimentos. La utilización tiene que ver con la calidad de alimentos que consumen las familias en su dieta diaria. La estabilidad se refiere a la capacidad de contar alimentos inocuos de forma sostenible”. 

Así también, Rojas señala que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en su informe publicado el año 2023 calcula que en los últimos 30 años se ha perdido una producción agrícola y ganadera por valor de 3,8 billones de USD debido principalmente a desastres naturales. Esto sin duda pone en riesgo la seguridad alimentaria. Para el año 2022 entre 691 y 783 millones de personas pasaban hambre en todo el mundo, siendo las más afectadas Asia Occidental, el Caribe y todas las regiones de África. 

En Ecuador, la seguridad alimentaria no presenta índices favorables. Según un informe proporcionado por la FAO: 6,6 millones de ecuatorianos no tienen facilidades para la adquisición de alimentos. De este grupo, lo sufren de forma moderada 4,3 millones de personas y de forma severa 2,3 millones. Estos datos posicionan al Ecuador como el tercer país con mayor inseguridad alimentaria después de Argentina y Perú. 

La inseguridad alimentaria en territorio va ligada a los temas de salud con factores de riesgo como el aumento de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, así como, enfermedades crónicas como la diabetes (FAO). 

A esta se suma, los conflictos armados en los últimos años que para el investigador Rojas han contribuido a la inseguridad alimentaria. 

Para combatir la inseguridad alimentaria, existen varias herramientas de política que los gobiernos y organizaciones pueden implementar a continuación, se detalla algunas: 

1. Subsidios y apoyos directos. Subsidios a los agricultores: Ayudas financieras para reducir los costos de producción y aumentar la rentabilidad. Programas de apoyo a la renta: Transferencias de efectivo a familias vulnerables para asegurar que puedan comprar alimentos. 

2. Programas de alimentación escolar.Proveer comidas nutritivas a los estudiantes para mejorar su salud y rendimiento académico. Educación nutricional: Enseñar a los niños y sus familias sobre la importancia de una dieta balanceada. 

3. Fortalecimiento a la agricultura local. Incentivos para la agricultura familiar: Apoyo técnico y financiero para pequeños agricultores. Desarrollo de mercados locales: Facilitar el acceso de los productores locales a los mercados.

4. Desarrollo rural y acceso a servicios. Infraestructura rural: Mejorar caminos, almacenamiento y acceso a mercados para los agricultores. Acceso a crédito y seguros agrícolas: Facilitar financiamiento y protección contra riesgos climáticos y de mercado.  

5. Gobernanza y coordinación intersectorial. Fortalecimiento institucional: Crear y reforzar las instituciones encargadas de la seguridad alimentaria. Coordinación multisectorial: Integrar políticas agrícolas, de salud, educación y desarrollo social para abordar la inseguridad alimentaria de manera integral.

6. Gestión de Riesgos y resiliencia. Planes de contingencia: Estrategias para enfrentar emergencias alimentarias causadas por desastres naturales o crisis económicas. Sistemas de alerta temprana: Monitoreo y respuesta rápida a amenazas a la seguridad alimentaria. 

Implementar estas herramientas de política de manera coordinada y adaptada a las condiciones locales es crucial para combatir eficazmente la inseguridad alimentaria. 

Se recalca, además, que algunas acciones estructurales implementadas por el gobierno ecuatoriano han dado resultado, estas sin duda deben fortalecerse. Sin embargo, estas políticas han marcado la pauta para el despliegue de un plan estratégico que contempla campañas de concientización y abordaje de la problemática dirigidas a los responsables de la salud y la educación para recalcar la importancia de atender de forma prioritaria la seguridad alimentaria de la población. 

Entre las acciones tangibles está el Programa de alimentación escolar del Ministerio de Educación que nació en el año de 1987 y que los gobiernos lo vienen ejecutando con el objetivo de contribuir al rendimiento físico y mental durante la jornada de estudios. 

Otra de las acciones que contribuye a fortalecer las bases estructurales para combatir la inseguridad alimentaria es la investigación académica y tecnológica en materia agroalimentaria, acciones de cumplimento que señala la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria. 

Al respecto Luis Rojas manifiesta que el grupo de investigación al cual pertenece estudia aspectos ligados al uso sustentable de los bienes y servicios ecosistémicos incorporando aspectos de la economía ambiental, forestal y agraria.

Un destino donde turismo y ciencia se fusionan

Más del 75% de las plantas son caducifolias, es decir, dejan caer sus hojas estacionalmente para adaptarse a las condiciones climáticas. Registra entre 350 y 800 milímetros de lluvia de forma anual, con una larga temporada seca que dura alrededor de cinco a seis meses.

El Bosque Seco de Zapotillo, situado en el suroeste de la provincia de Loja, es conocido por el espectacular florecimiento anual de los guayacanes, un evento que atrae a multitud de personas para ser testigos de uno de los espectáculos más majestuosos de la naturaleza. Sin embargo, el bosque seco ofrece mucho más que este magnífico acontecimiento.

Con más de 180 especies de aves, 49 de ellas son endémicas de la región tumbesina. La región no solo alberga una avifauna rica, sino también una flora diversa, destacándose familias como Fabaceae, Bombacaceae y Mimosaceae.

El bosque seco es un enclave excepcional donde la biodiversidad y el turismo sostenible convergen. Este ecosistema, que forma parte de la Reserva de Biósfera “Bosques de Paz”, no solo es un refugio para una rica variedad de flora y fauna, en ocasiones única, sino también un lugar donde el conocimiento científico y la experiencia turística tienen el potencial de entrelazarse.

El bosque seco de Zapotillo se está convirtiendo en un destino turístico emergente, donde los visitantes pueden explorar sus paisajes y senderos y disfrutar de la observación de biodiversidad, deportes de aventura y la fotografía de naturaleza, entre otras actividades.

Mochuelo del Pacífico (Glaucidium peruanum). Con más de 180 especies de aves, 49 de ellas son endémicas de la región tumbesina. La región no solo alberga una avifauna rica, sino también una flora diversa, destacándose familias como Fabaceae, Bombacaceae y Mimosaceae.
Los cultivos de orillado son una práctica agricola que aprovecha los períodos de bajo caudal del río durante el estiaje para cultivar productos de ciclo corto en el lecho del río. Parroquia Bolaspamba.
Casa tradicional en la parroquia Cazaderos.
El cocodrilo americano (Crocodylus acutus) habita en el río Puyango y el arroyo Cazaderos. De acuerdo con Naturaleza y Cultura Internacional, se han monitoreado 97 individuos, con un promedio de 2.8 ejemplares por kilómetro cuadrado. Algunos de estos cocodrilos pueden alcanzar una longitud de hasta cinco metros.
En el país, el bosque seco ha sufrido una explotación intensiva y deterioro debido a varias actividades humanas, aunque todavía existen áreas que han permanecido bien conservadas, como las zonas de Mangahurco, Bolaspamba y Cazaderos, ubicadas en el cantón Zapotillo de la provincia de Loja.

Salud mental en Ecuador, un desafío complejo con multitud de aristas

Los problemas de salud mental han cobrado mayor visibilidad en los últimos años gracias a que figuras públicas como deportistas, cantantes o actores han compartido sus propias experiencias. Casos como la de la medallista olímpica Simone Biles, que públicamente manifestó sufrir twisties, una especie de bloqueo mental que impide realizar correctamente las rutinas en gimnasia; o el exfutbolista David Beckham, que contó su padecimiento de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).

Estas historias muestran que nadie está exento de enfrentar complicaciones de salud mental, independientemente de su éxito o estatus económico, y así han ayudado a visibilizar la importancia de recibir tratamiento adecuado a través de especialistas. 

Investigación en salud mental en Ecuador

Según explica el doctor Víctor Manuel López, coordinador del grupo de investigación Allikay (significa bienestar en Kichwa) de la Universidad Técnica Particular de Loja, las circunstancias que se experimentaron durante la Covid-19 “pusieron de manifiesto la importancia de la salud mental”.  Según la Asociación Americana de Psicología (2010), gozar de una buena salud mental equivale a que la persona tenga una imagen positiva de sí misma, que cuente con buenas relaciones interpersonales, tome buenas decisiones y afronte los desafíos que se presentan a lo largo de la vida en las diferentes áreas sociales.

“Algunos tratan de separar lo mental de lo físico, pero van de la mano. Cuando hablamos de salud, estamos hablando de que indudablemente lo psicológico (conductas, pensamientos y emociones) también repercuten en el plano físico y viceversa”.

Víctor Manuel López encabezó uno de los estudios más extensos realizados sobre salud mental en Ecuador, denominado “Modelo transdiagnóstico del consumo de alcohol y salud mental en Ecuador”, llevado a cabo junto al Ministerio de Salud Pública. 

La investigación pone de relieve una significativa brecha de género en aspectos de la salud mental, revelando que, en comparación con los hombres, las mujeres presentan niveles considerablemente más altos de depresión, estrés percibido, inflexibilidad psicológica y soledad. 

El investigador señala que el estrés percibido “constituye uno de los problemas más graves para los ecuatorianos y latinoamericanos”. Explica que este tipo de estrés surge cuando las exigencias del entorno superan lo que las personas creen que pueden manejar, llevando a una sensación de impotencia y desesperanza que podría desencadenar una depresión ya que sienten que no tienen control sobre esas situaciones. Por ejemplo, incremento de la delincuencia, desempleo y cambio climático.

Durante la pandemia se observó un aumento considerable en el consumo de diversas sustancias como alcohol, tabaco y marihuana. El doctor López señala que “sin lugar a dudas el consumo de alcohol se ha elevado, siendo los jóvenes los principales consumidores”. Se ha registrado un notable incremento en el consumo de tranquilizantes y ansiolíticos sin receta médica, al punto de que ahora su consumo supera al de la marihuana. Estos medicamentos, destinados al tratamiento de la ansiedad y otros trastornos emocionales, están siendo combinados con alcohol por parte de los jóvenes, una práctica altamente riesgosa “que representa una potencial bomba de tiempo”, concluye López, subrayando la gravedad de esta tendencia.

Ley de Salud Mental

A principios de 2024, tras 10 años de estar represada, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Salud Mental cuyo objetivo es promover, regular y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud mental de las personas en todo su ciclo de vida, bajo un modelo comunitario de atención integral.

Para el investigador Byron Bustamante, miembro del grupo de investigación Allikay, los 10 años de espera para aprobar la Ley de Salud Mental fueron excesivos, especialmente dada la abundante evidencia sobre su necesidad. La pandemia aumentó la visibilidad de la salud mental en la sociedad. A modo de ejemplo, Bustamante señala que durante el confinamiento, algunos padres descubrieron que sus hijos consumían drogas al observar signos de abstinencia. Además, menciona que las últimas campañas electorales estuvieron marcadas por una destacada atención a temas de consumo de drogas.

A falta del reglamento para la Ley , Bustamante indica que este cuerpo legal ayudará a mejorar la organización de los servicios de salud mental en todos sus niveles. Destaca elementos como la certificación de los trabajadores de salud mental, esencial para establecer una cultura profesional ya consolidada en otras profesiones como la Medicina. 

“Estamos presenciando el traslado del modelo biomédico tradicional, el cual se centra en la hospitalización y el uso de psicofármacos, hacia un modelo biopsicosocial o comunitario. En este nuevo modelo, el psicólogo no se limita a trabajar detrás de un escritorio sino que participa activamente en la comunidad, actuando como un servidor de salud más”, concluye el investigador, señalando este avance como un cambio significativo.

Según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) deben existir 23 especialistas en salud mental por cada por 10 mil habitantes, y en nuestro país existe una brecha de cerca de 2.056 profesionales en primer y segundo nivel de atención entre los que están psicólogos, psiquiatras, enfermeras, especialistas en salud mental, trabajadores sociales y médicos familiares. “Lamentablemente en el país hay muy poco presupuesto para salud mental. No llega ni al 2% del presupuesto, y de ese la mayoría se utiliza para el ámbito hospitalario y muy poco en prevención”, señala Bustamante.

El experto destaca la necesidad urgente de abordar los problemas de salud y desarrollo psicológico en la población joven del país. “La falta de acción en este momento crucial de sus vidas puede tener consecuencias irreversibles para su desarrollo físico y cognitivo”. Subraya la importancia de implementar políticas preventivas, especialmente en contextos con multivulnerabilidad potenciadas por la pobreza, el desempleo y los efectos residuales de la pandemia. 

De acuerdo con la OMS, el número de personas que acceden a tratamientos de salud mental en países de ingresos medios o bajos es extremadamente bajo: representa menos del 5 %. Lo que significa que el 95 % de las personas con algún trastorno mental no se atienden. Una de las mayores barreras para acceder a tratamientos de salud mental es su costo elevado. Algunas iniciativas que Bustamante destaca es el aporte de los gobiernos locales, como el del Municipio de Quito, que en el contexto de su Plan de Prevención del Suicidio ha implementado una línea gratuita de atención telefónica.

El investigador reflexiona sobre el dilema central: “¿Cuál es el reto? Se debe considerar reparar los efectos negativos originados por el modelo de desarrollo económico. La curva de la felicidad en forma una U”, explica, con picos de felicidad en la adolescencia y en la jubilación. Esto indica que las personas en edades económicamente productivas enfrentan cada vez mayores problemas de salud mental. Sugiere que las personas “invierten excesivo tiempo en su rol laboral, enfrentando costos colaterales significativos”, señala Byron. “¿Qué implicaciones tiene esto para los niños en desarrollo y para los adultos mayores? ¿Cuál será el futuro de aquellos que actualmente están en sus años más productivos cuando envejezcan?”, se cuestiona.

La huella del petróleo: Análisis en los ríos Aguarico y Napo

La Amazonía ecuatoriana, crucial para la conservación de la biodiversidad, ha sufrido graves impactos por la explotación petrolera desde los años 70, con más de 400 mil barriles de crudo derramados hasta 2015, principalmente en la cuenca del río Napo. Esta actividad ha contaminado ríos, estuarios y zonas protegidas como el Parque Nacional Yasuní y la Reserva Biológica Limoncocha, afectando biodiversidad y ecosistemas, y perjudicando socioeconómica y sanitariamente a más de 40 mil personas que dependen de estas aguas, afectando principalmente a comunidades indígenas Kichwa, Cofán, Waorani y Ai’cofan.

Un estudio detallado en las cuencas de los ríos Aguarico y Napo ha evaluado la presencia de contaminantes a través de muestras de sedimentos en los cursos de agua dulce de 24 localidades. Los investigadores analizaron aspectos como las características químicas, la conductividad, el pH y los niveles de hidrocarburos en el agua y los sedimentos.

Las muestras revelaron variaciones en las concentraciones de Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) e Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH) en la mayoría de las muestras tomadas en estos ríos. Uno de los aportes novedosos de este trabajo fue estudiar componentes de PAH que permiten evaluar la antigüedad de los derrames de petróleo (relación Pristano/Fitano). Este análisis sugiere que los derrames han ido afectando a diferentes localidades en diferentes momentos. Existen pruebas de que los derrames han alcanzado lugares que no se creían afectados, incluyendo reservas naturales protegidas.

Por otro lado, sorprendentemente, se encontró que la diversidad bacteriana incrementaba cuando las concentraciones de PAH en las muestras examinadas aumentaba. Esta relación estaría indicando que las comunidades bacterianas que existen en los sedimentos de estos ríos estarían acostumbradas a la contaminación por hidrocarburos. Este fenómeno podría ser fundamental para estrategias de biorremediación, utilizando bacterias para descomponer los contaminantes.

La persistencia y toxicidad de los PAH son preocupantes debido a su capacidad para acumularse en la cadena alimenticia y potenciar el riesgo de enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer. En las provincias afectadas de Orellana y Sucumbíos, se ha notado un incremento en casos de leucemia entre niños de 0 a 4 años, con una tasa tres veces más alta que la media nacional. También hay signos de una relación directa entre la contaminación por hidrocarburos y la anemia en hombres adultos.

Este estudio resalta la contaminación generalizada por hidrocarburos en los sedimentos de los ríos, incluso en áreas donde no se anticipaba tal presencia. Los derrames recientes, como el ocurrido en 2020 en los ríos Napo y Coca, han agudizado la crisis ecológica y humanitaria, afectando sobre todo a las comunidades indígenas. 

Referencia:

Corral-García LS., Molina MC., Bautista LF., Simarro R., Espinosa CI., Gorines-Cordero G., González-Benítez N. (2024) Bacterial Diversity in Old Hydrocarbon Polluted Sediments of Ecuadorian Amazon River Basins. Toxics. 12(2):119.

Fragmentación de hábitats revelada en los genes del Oso Andino

Los osos andinos, nativos de los Andes tropicales, se distribuyen a lo largo de intrincados corredores montañosos que complican el flujo genético debido a la topografía y la urbanización. Son importantes dispersores de semillas y tienen un rol ecológico importante para la conservación de ecosistemas como páramos y bosques montanos. Están clasificados globalmente como vulnerables, con poblaciones decrecientes.

El artículo titulado “Evidence of population genetic structure in Ecuadorian Andean Bears”, publicado en Scientific Reports de Nature, explora la variación genética de los osos andinos en Ecuador. Esta investigación aporta datos clave sobre la conectividad entre poblaciones y ofrece orientaciones valiosas para dirigir los esfuerzos de conservación hacia los grupos más amenazados. Rodrigo Cisneros, miembro del Laboratorio de Ecología Tropical y Servicios Ecosistémicos (EcosSslab) de la UTPL, formó parte del equipo de investigadores.

En Ecuador, esta especie está considerada en Peligro de Extición por la UICN. El 69% de la población de oso andino habita fuera de áreas protegidas. La expansión agrícola ha fragmentado su hábitat, aumentando los conflictos con humanos, especialmente cuando los osos invaden cultivos o atacan ganado. Aunque la caza de osos está prohibida, algunos terratenientes reaccionan violentamente, exacerbando la amenaza a estas poblaciones. 

Se recolectaron muestras en tres ubicaciones distintas en Ecuador. Desde la provincia de Loja, las muestras provienen del recién designado corredor de conectividad Sangay-Podocarpus. En la provincia de Zamora Chinchipe, se tomó muestras en la Cordillera del Cóndor. Finalmente, en el Distrito Metropolitano de Quito, las muestras se obtuvieron del hotspot de biodiversidad Tumbes-Chocó-Magdalena, una zona que alberga la Reserva de la Biósfera Chocó Andino de Pichincha, designada por la UNESCO como el Corredor del Oso Andino. 

La situación histórica, actual y futura de los osos andinos en Ecuador, basada en estudios genéticos, revela una imagen compleja afectada tanto por factores históricos naturales como por intervenciones humanas recientes. La diversidad de haplotipos y nucleótidos en las poblaciones es generalmente baja, lo que sugiere una limitada variabilidad genética y potencialmente una mayor vulnerabilidad a amenazas ambientales y enfermedades.

La presencia de valores de Fu’s FS, que se emplean en genética para identificar si una población ha sufrido eventos de expansión o contracción, sugiere la posibilidad de cuellos de botella en varias localidades del país, como Loja. Esto podría indicar reducciones históricas en el tamaño de la población o aislamiento debido a la fragmentación del hábitat

TREMARCTOS ORNATUS
Tremarctos proviene del griego trema (agujero) y arktos (oso), refiriéndose a un agujero en el hueso del húmero que es una carecterística inusual de esta especie. El epíteto ornatus proviene del latín ornare (adornar) y atus (provisto de), refiriéndose a las manchas en su rostro.

El manejo del flujo genético debe ser cuidadosamente considerado para preservar la salud y la viabilidad a largo plazo de las especies, como el oso andino. No obstante, es fundamental reconocer que las intervenciones para aumentar o mantener el flujo genético deben estar informadas por un profundo entendimiento de la historia natural de la especie y los impactos antropogénicos en sus hábitats. 

La historia evolutiva puede revelar patrones de aislamiento y conectividad que son cruciales para mantener la integridad genética. Cualquier esfuerzo de conservación debería priorizar la restauración y el mantenimiento de corredores naturales que reflejen los flujos genéticos históricos, en lugar de imponer nuevas dinámicas que podrían no ser adecuadas. 

La disminución del flujo genético puede elevar la vulnerabilidad a mutaciones y otros desafíos genéticos; sin embargo, cualquier medida para aumentar este flujo debe ser aplicada con cautela, tomando en cuenta tanto las condiciones ecológicas presentes como el legado evolutivo de las poblaciones involucradas.

Es prioritario mantener la conectividad interna entre los cinco principales núcleos poblacionales que han sido considerados en el Plan de Acción para la Conservación del Oso Andino en Ecuador.

Referencia

Cueva, D.F., Zug, R., Pozo, M.J. et al. (2024) Evidence of population genetic structure in Ecuadorian Andean bears. Sci Rep. 14 (2834)

La UTPL inaugura el primer laboratorio de parto intercultural del país

 La diversidad étnica y cultural de Ecuador subraya la importancia de reconocer las valiosas contribuciones de las comunidades indígenas en diversas áreas de desarrollo y convivencia social, particularmente en sectores relacionados con la salud. Este ámbito se caracteriza por una marcada conexión y respeto hacia la naturaleza, destacándose especialmente los procesos de parto asistidos por parteras. Estas profesionales son reconocidas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) como claves en la preservación de la salud de las comunidades, enfatizando la relevancia de sus prácticas tradicionales en la estructura sanitaria nacional.

Inspirada por este reconocimiento y el interés suscitado por proyectos de investigación y esfuerzos de vinculación, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), a través de su Facultad de Ciencias de la Salud, ha creado un espacio dedicado específicamente a la convivencia con la experiencia de los partos indígenas. Este espacio también busca explorar el tipo de apoyo que estudiantes y docentes pueden ofrecer desde una perspectiva científica. Según explica Dennis Feijoo, coordinador de los laboratorios de la facultad, esta iniciativa es parte de un nuevo bloque de laboratorios que no solo están destinados a potenciar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades investigativas, sino también a fomentar una mayor vinculación con la sociedad. Esta estrategia contribuye a consolidar a la UTPL como la primera universidad en contar con instalaciones de este tipo, reforzando su compromiso con la innovación educativa y la colaboración intercultural.

¿Cómo surge la idea de este espacio?

La universidad mantiene un constante acercamiento con la sociedad, ya sea a través de proyectos de investigación, como los de vinculación que permiten identificar una serie de necesidades, pero también de conocimiento, que pueden ser aprovechados por los futuros profesionales. Este espacio fue adecuado con la intención de disponer de una sala para la atención de partos interculturales, lo que es el resultado de un proyecto anterior trabajado con la comunidad indígena de Saraguro. 

¿Qué se ha podido evidenciar hasta el momento?

En las comunidades indígenas, los partos en casa guiados por parteras constituyen un elemento esencial de la identidad cultural. Sin embargo, se ha documentado casos de muertes de pacientes durante el trabajo de parto debido a emergencias obstétricas. En respuesta a esta preocupante situación, la facultad ha analizado estos incidentes y ha iniciado un proceso de vinculación con la comunidad. Este enfoque contempla un profundo análisis del procedimiento de parto, respetando y comprendiendo la perspectiva indígena, lo cual es crucial para la adaptación y eficacia de las intervenciones médicas propuestas.

El estudio realizado permitió identificar aspectos clave relacionados con la intimidad del paciente y las peculiaridades del proceso de intervención en este contexto cultural. Al reconocer y valorar estas particularidades se busca mejorar las prácticas de atención obstétrica en las comunidades indígenas, minimizando los riesgos asociados con los partos en el ámbito doméstico. Este esfuerzo de colaboración entre la facultad y la comunidad no solo fomenta el respeto mutuo, sino que también promueve estrategias de intervención más efectivas y culturalmente apropiadas para garantizar la seguridad de las madres durante el parto.

¿Cómo funciona este espacio a nivel de estructura?

La estructura física de los espacios de parto en la comunidad Saraguro está intrínsecamente adaptada a sus prácticas culturales, evidenciando una funcionalidad clave en sus elementos constituyentes. Por ejemplo, la colocación de una cuerda suspendida del techo permite que la madre se sujete durante el trabajo de parto, facilitando la posición vertical que, mediante la acción de la gravedad, contribuye a la progresión de parto. Además, se utilizan utensilios tradicionales como ollas de barro, esenciales para la preparación de infusiones que se alinean con las creencias y cosmovisión de la comunidad. Estas prácticas no solo tienen un significado cultural profundo, sino que también están diseñadas para mantener las condiciones óptimas durante el parto, como la temperatura adecuada de las preparaciones herbales.

En cuanto a la perspectiva de los estudiantes, ¿cómo se evidencia su interés e involucramiento? 

El proceso de vinculación entre la facultad y la comunidad Saraguro constituye un intercambio bidireccional de aprendizaje entre los estudiantes y las parteras locales, donde se enfatiza el respeto por las tradiciones culturales y la integración de conocimientos científicos como complemento a las prácticas tradicionales. Este enfoque ha permitido la capacitación de las parteras en el manejo de emergencias obstétricas, abordando cómo actuar ante situaciones críticas como la presencia de un cordón umbilical enredado, hemorragias o síntomas alarmantes como dolores de cabeza intensos. Paralelamente, las parteras han enriquecido la formación de los estudiantes con su experiencia y percepciones, facilitando así un ambiente de aprendizaje en el que los estudiantes no solo adquieren conocimientos técnicos, sino que también aprenden a valorar y aplicar prácticas tradicionales bajo una guía adecuada, interviniendo de manera respetuosa y efectiva.

¿Cuál es el principal aporte de este espacio? 

Este caso ilustra de manera efectiva cómo las prácticas ancestrales pueden integrarse con avances tecnológicos, funcionando como saberes complementarios que se adaptan y evolucionan en contextos modernos. Además, este proyecto destaca el valor significativo de las contribuciones de las comunidades indígenas en el ámbito de la salud, subrayando la importancia de preservar sus tradiciones mientras se les proporciona el apoyo necesario para su sustentabilidad y mejora. Al explorar y adaptar nuevas metodologías para acompañar el parto se busca reducir la tasa de mortalidad asociada a los partos en casa, asegurando la salud tanto del bebé como de la madre. Esta aproximación no solo respeta la visión cultural, sino que también se beneficia del rigor y las perspectivas que ofrece la ciencia moderna.

¿Esta importante iniciativa está acompañada de otros espacios?

Actualmente, la universidad cuenta con 40 laboratorios y salas dedicadas a la práctica estudiantil, diseñadas para atender las necesidades específicas de las diferentes disciplinas académicas, con un enfoque particular en las carreras ofrecidas por la Facultad de Ciencias de la Salud. Este compromiso se refleja en la reciente incorporación de un nuevo edificio equipado con laboratorios especializados en nutrición y dietética, antropometría, biología molecular y laboratorios de simulación, incluyendo el innovador laboratorio de parto intercultural. Estos recursos forman parte de la infraestructura tecnológica y de investigación de la universidad, cuyo objetivo es proporcionar una educación de alta calidad que fomente la experimentación, prepare a los estudiantes para el entorno laboral y amplíe su comprensión de la diversidad de conocimientos. Esta estrategia subraya el compromiso de la institución con la innovación y la excelencia educativa.


Dennis Emanuel Feijoo Blacio, Coordinador Laboratorios Ciencias de la Salud

Postgrado en Simulación Clínica para la Seguridad del Paciente, por la Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile. Magister en Liderazgo Social Cristiano por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México. Magister en Responsabilidad Social por la Universidad Técnica Particular de Loja. Ingeniero en Gestión Ambiental por la Universidad Técnica Particular de Loja. Coordinador Laboratorios Facultad Ciencias de la Salud. Autor de artículos, póster, proyectos y capítulos de libros científicos. Docente universitario.

La ciberseguridad en Ecuador: ¡Alerta roja! La vulnerabilidad del periodismo en el espacio digital

La Guía de Ciberseguridad y Comunicación publicada en el año 2020 define a la ciberseguridad como un conjunto de pautas, tecnologías y capacitación que brindan protección a los datos e infraestructuras informáticas y de comunicación digital.

Desde el punto de vista del ejercicio periodístico se concibe como un elemento esencial para preservar la libertad de prensa y garantizar la confianza en la información que llega al público. Los periodistas deben estar alerta y adaptarse constantemente a este entorno digital que permanece en constante cambio.

Con el despliegue de la conectividad, cada vez se registran más incidentes digitales y los ciberataques se vuelven más creativos, por lo que este asunto se convierte en una prioridad para usuarios, organizaciones y estados. Estos últimos, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, son los encargados de crear un “marco jurídico y reglamentario para proteger a la sociedad y promover un entorno digital seguro” tarea que resulta “indispensable y debe ser el primer paso de cualquier iniciativa nacional en materia de ciberseguridad”. 

En el marco de este pronunciamiento, el informe de Naciones Unidas publicado en 2023 sobre el Índice de Ciberseguridad Global muestra que muchos países han promulgado nuevas leyes y reglamentos de ciberseguridad para abordar aspectos como la privacidad, el acceso no autorizado y la seguridad en línea. También se pone en relieve la necesidad de establecer estrategias y mecanismos en materia de capacitación y ayudas a gobiernos y empresas, entre ellas las mediáticas, para que estén mejor preparados y reducir los riesgos cibernéticos, claro está, sin comprometer la libertad de prensa y sin ejercer dominio, presión, persecución o bloqueos propios de gobiernos dictatoriales.

Más de la mitad de los países del mundo cuentan con equipos de intervención en caso de incidentes informáticos, y casi dos tercios han adoptado algún tipo de estrategia nacional de ciberseguridad.

En Ecuador este tema ha sido de fundamental importancia, puesto que ha sido blanco de ataques cibernéticos. El más representativo es el que se produjo en el año 2019 tras el retiro del asilo político a Julian Assange. El país ascendió del puesto 51 al 31 en la escala mundial de volumen de ataques cibernéticos, información extraída del portal del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Otro evento de trascendencia, según detalla un informe de Fundamedios publicado en 2021, el robo y retención de datos contra el Consejo de la Comunicación. Como medida preventiva, la institución aisló los equipos y paralizó las actividades para proteger “la información del registro de medios públicos, publicaciones de insumos, procesos de registros a medios públicos, etc. 

Estos y más detalles se señalan en las publicaciones realizadas por el grupo de Investigación en Comunicación y Cultura Audiovisual GICA, entre los que destaca el artículo: Ciberseguridad y Violencia Digital, percepción de periodistas ecuatorianas del año 2023 escrito por Kruzkaya Ordóñez, María Isabel Punín y Abel Suing, y del cual también se desprende un informe publicado en ese mismo año por el Consejo de la Comunicación del Ecuador: Violence Against Women Journalists in Digital and Physical Spaces. Ecuador Case Study.

Estos peligros digitales a escala nacional también pueden afectar a los periodistas, debido a la naturaleza del ejercicio periodístico, creando graves vulnerabilidades solapadas por las redes sociales, la movilidad de la información y la desinformación. Los periodistas son los primeros blancos al estar envueltos en procesos de poder, pero todos estos riesgos también pueden llegar a afectar al ciudadano común.

La seguridad digital, uno de los retos para los periodistas

En los estudios realizados por el Grupo GICA que pertenece al Departamento de Comunicación de la UTPL, se ha determinado algunos aspectos claves: Ecuador en el año 2023 realizó un trabajo de planificación para vincular, la ciberseguridad en planes nacionales, en planes específicos y en políticas públicas de defensa nacional. En este ejercicio estratégico de revisión gubernamental se dejó de lado al sector mediático, por lo que quedó en manos de medios y periodistas implementar políticas de seguridad digital alineadas a los códigos deontológicos que cada medio posee para su operación. 

Además, se observó que este tema constituye un asunto pendiente que debe ser abordado en la Ley Orgánica de Comunicación. La responsabilidad de la protección y seguridad digital en el ámbito periodístico en Ecuador recae directamente en los profesionales de la comunicación como en los colectivos relacionados con este campo.

Lo que existe es una normativa llamada Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (LOIPEVCM) aprobada en 2018. En su artículo 12, numeral 7, define el ámbito mediático y cibernético, como “el contexto en el que la violencia es ejercida a través de los medios de comunicación públicos, privados o comunitarios, sea por vía tradicional o por cualquier tecnología de la información, incluyendo las redes sociales, plataformas virtuales o cualquier otro”. Aunque Ecuador posee un cuerpo legal específico en materia de violencia contra las mujeres, tampoco tiene una normativa específica para sancionar la violencia digital (Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 2021). 

Entre las acciones y procedimientos que usan los periodistas para la protección digital, la protección de datos y documentos delicados, según entrevistas realizadas a 90 periodistas en Ecuador,  la acción que ocupa la posición número uno es la verificación de fuentes. Luego se detallan siete acciones más que implementan.

Por otro lado, como resultados importantes, los investigadores cruzaron la información proporcionada por periodistas con la de expertos informáticos que asisten a medios tradicionales y digitales y se detectó intrusiones maliciosas en hardware y software que llevaron a tomar medidas para el manejo de la situación y a futuro prevenir estos ataques.

En definitiva, los periodistas admiten conocer sobre los diversos riesgos digitales como ataques, extorsión y vulneración de datos. Y en algunos casos expresan no estar preparados. Sin embargo, implementar medidas de protección resalta la importancia asignada a la seguridad de datos para evitar que la violencia digital se expanda a través de medios digitales, redes sociales y otros mecanismos de contacto digital como correo electrónico y WhatsApp.  En estos espacios se ha identificado agresiones de diverso tipo: económica, psicológica, sexual, simbólica, digital y física.

En los casos específicos de mujeres periodistas la violencia digital reportó un 7,8 % y se relaciona con agresiones de tipo psicológico, afectaciones creadas debido al acoso en línea o agresiones por el trabajo que realizan a través de las opiniones que emiten. En dos casos las periodistas, como manera de protección, han optado por el anonimato. Se reporta un caso de intento de hackeo relacionado con la cobertura de temas políticos, de temas coyunturales o entrevistas a personalidades de interés público. Los ataques recibidos se centran en la denigración, afectando a la integridad o incluso la vida sexual de la persona, lo que ha motivado a la denuncia para el proceso legal correspondiente.

Así también la información levantada, según expresan Punín y Suing, tanto los periodistas entrevistados en Ecuador como los expertos consultados indican que la adopción de enfoques integrales y estratégicos es necesaria para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información en el ámbito periodístico. La combinación de medidas técnicas, organizativas y humanas que abarcan desde la educación sobre privacidad y el cumplimiento legal hasta la implementación de tecnologías avanzadas como cifrado de datos y autenticación de dos factores reflejaría un compromiso con la protección de datos sensibles.

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