¿Puede el gasto social cambiar la realidad de la pobreza en Ecuador? ¿Es la transformación digital el camino para fortalecer la gestión pública? En el debate nacional sobre política pública se cuestiona la efectividad del gasto social y la eficiencia de las iniciativas digitales. Al sur del país se ensaya una propuesta distinta: medir, transparentar y evaluar en tiempo real la gestión pública y su intervención en el territorio.
Kruzkaya Ordóñez. La génesis de esta propuesta tecnológica no nace de la intuición, sino de una investigación económica. El estudio El gasto social y la pobreza multidimensional en Ecuador, realizado por el equipo de expertos del Grupo de Investigación Urbana y Regional anexo a la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), analizó si el incremento del gasto público incidía en la reducción de la pobreza. El estudio construyó un índice de pobreza multidimensional utilizando teoría de conjuntos difusos, superando la tradicional medición dicotómica.
De la teoría económica a la realidad territorial
“Nos planteamos identificar el efecto del gasto social sobre la pobreza multidimensional en Ecuador”, explica Diego García, investigador y director de la Carrera de GovTech y Administración Pública. “Normalmente las medidas actuales se basan en una línea de pobreza que identifica presencia o ausencia. Nosotros eliminamos esa dicotomía y la trabajamos como un grado de privación, lo que nos permite identificar niveles de pobreza en la población”, detalla García.
A partir de un modelo econométrico Probit multinomial ordenado, aplicado a datos provinciales en el periodo 2009 y 2017, se obtuvieron resultados reveladores. El gasto en bienestar social tiene efectos significativos sobre la pobreza multidimensional en Ecuador, mientras que el gasto en educación y salud no lo son. Para García, los resultados evidencian que un aumento del 1 % en el gasto per cápita en bienestar social disminuye en 5,3 % las probabilidades de que las provincias tengan niveles de pobreza “muy altos”.
Entonces, con esta información extraída y analizada, surge la pregunta: ¿por qué educación y salud no reflejan impacto directo? La respuesta es estructural. “En nuestro país, por mandato constitucional se establece que la educación y salud son gratuitas. Eso implica que todos se benefician del gasto, incluso quienes no están en situación de pobreza. Por eso es difícil medir su impacto focalizado”, señala el experto.
Inaccesibilidad de datos como barrera institucional
Así también, García señala que la investigación enfrentó una dificultad que reveló otro problema institucional: la información pública no estaba disponible en formatos procesables. “Los datos que conseguimos se encontraban en PDF, lo que generó retrasos en la investigación porque se tuvo que transcribir gran parte de la información del gasto social”, indica. La dificultad no era la inexistencia de datos, sino su inaccesibilidad.
Este hallazgo condujo a una reflexión estratégica: si los datos no son abiertos ni estructurados, la investigación académica y la ciudadanía quedan excluidas del análisis. Así nació la idea de una plataforma que organizara, sistematizara y evaluara la gestión pública bajo estándares internacionales. De esta necesidad emerge GOBAB, una plataforma de gobierno abierto que constituye una herramienta para facilitar la evaluación y la toma de decisiones.
El propósito es fortalecer la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GADM) de Loja hacia un modelo de gobierno abierto. Con el enfoque de innovación social y la adopción de un Sistema Integral de Evaluación basado en la norma internacional ISO 18091:2019, su estructura está alineada con treinta y nueve indicadores distribuidos en cuatro ejes estratégicos: desarrollo institucional, desarrollo económico sostenible, desarrollo social inclusivo y desarrollo ambiental sostenible.
Semaforización de la gestión pública
Cada indicador se relaciona con metas específicas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se evalúa mediante un sistema de semaforización. El verde indica cumplimiento aceptable, el amarillo señala áreas de mejora y el rojo marca prácticas inaceptables. “El primer paso es el autodiagnóstico. Mediante la recolección de evidencias documentales y resultados las contrastamos con los requerimientos de la norma. Eso permite identificar brechas reales de gestión”, explica Fredy Gómez, investigador del proyecto e integrante del Grupo de Investigación de Desarrollo y Crecimiento Económico.
La lógica es rigurosa, ningún proyecto puede evaluarse solo por su ejecución en territorio, sino de manera integral. Cada indicador de la norma y su aplicación en el gobierno local se respalda bajo evidencia institucional, normativa, presupuestaria, planificación técnica, resultados y visibilización de los responsables de ejecución. La implementación de GOBAB ha tomado más de cuatro años y ha involucrado a varias administraciones municipales.
La voluntad política ha sido clave y requiere del compromiso de las instancias municipales relacionadas con los procesos, productos y servicios que ofrece la institución. El piloto de prueba inició en el Municipio de Loja. En esta entidad, “la rotación de personal ha sido uno de los principales desafíos, así como la heterogeneidad de la documentación y la verificación de resultados”, reconoce Gómez.
Estándares globales y sostenibilidad normativa
El proceso de adaptación del Sistema Integral de Evaluación presenta cuatro resultados: operatividad y funcionalidad de la plataforma tecnológica, propuesta de Observatorio Ciudadano, proyecto de Ordenanza y fortalecimiento de capacidades técnicas. Estos definen el marco referencial para fortalecer la gestión municipal hacia un modelo de gobierno abierto sostenible. El modelo se alinea con los principios de la Alianza para el Gobierno Abierto, que promueve transparencia, participación y rendición de cuentas.
Loja aún no forma parte formal de esta red global, pero el objetivo es cumplir los requisitos a través de evidencia documentada en la plataforma. “El momento en que la plataforma demuestra transparencia real, el Municipio puede cumplir uno de los pilares fundamentales del gobierno abierto”, señala García. Actualmente, la plataforma ha hecho su trabajo: semaforizar la gestión pública. En este ejercicio, el Municipio de Loja cuenta con indicadores sólidos, así como indicadores por fortalecer.
Esta radiografía es un punto de partida para demostrar que la transformación digital y la transparencia pueden convertirse en herramientas de mejora continua. Finalmente, con esta práctica de transformación digital, Loja se convierte en un caso piloto que articula academia, gobierno local y ciudadanía. El desafío ahora es escalar la experiencia sin perder rigurosidad técnica ni sostenibilidad normativa.
