Se necesita sensibilizar a la población en general y empoderar al grupo de jóvenes ecuatorianos mediante la difusión y promoción de los derechos fundamentales, constitucionales y los reconocidos en tratados e instrumentos internacionales para el correcto ejercicio de sus derechos.
El grupo de investigación Estudios sobre Constitucionalismo Latinoamericano y Derechos Humanos (ECLADH) de la Universidad Técnica Particular de Loja ha mantenido en su trayectoria investigativa como pilar fundamental la generación de programas y proyectos de investigación relacionados con Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Con este antecedente, nace el proyecto de vinculación titulado “Garantía de los derechos de los jóvenes, como grupo de atención prioritaria en Ecuador”, bajo la dirección de Maritza Elizabeth Ochoa Ochoa, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas. Este tipo de proyectos desarrolla una estrecha relación entre la academia, la investigación y la vinculación con la sociedad.
El proyecto, cuyo principal objetivo es promover el respeto de los derechos fundamentales de los jóvenes en Ecuador, mediante la ejecución de talleres de sensibilización y difusión dirigidos a la colectividad en general, inicia con el análisis de la normativa nacional e internacional reconocida por el Estado ecuatoriano, doctrina y jurisprudencia que protege y garantiza los derechos de los jóvenes, debido al alto índice de vulneración o discriminación que ha experimentado este grupo de atención prioritaria tanto en el ámbito público como privado. Como antecedente, se debe considerar que se cuenta con la Ley de la Juventud, la cual determina que las personas comprendidas entre 18 a 29 años son catalogadas como jóvenes. Además, según dispone la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, este grupo poblacional atraviesa por un “período de vida donde se forma y consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad personal y la proyección al futuro”. Allí radica la importancia de promover el goce efectivo de los derechos de este grupo.
Maritza Ochoa asegura que la iniciativa del estudio surge luego de identificar algunas problemáticas principales, entre ellas, “se ha considerado el acceso a la educación, acceso a un trabajo digno y estable, la emigración, pandillas juveniles y femicidio juvenil”.
En el proyecto de vinculación participan estudiantes de la carrera de Derecho de la Modalidad Abierta y a Distancia, con la intervención de estudiantes con discapacidad, personas privadas de libertad y residentes en el extranjero, quienes trabajaron dentro de sus barrios de residencia y contaron con el asesoramiento de 12 docentes de la carrera que guiaron y acompañaron todo el proceso de vinculación.
Metodología propuesta
La iniciativa se desarrolla bajo una metodología de participación y acción y se identifican dos fases: primero, una etapa de aprendizaje y conocimiento, en la que los estudiantes desarrollan una revisión bibliográfica a fin de identificar la normativa correspondiente a este grupo prioritario y los temas relacionados con sus derechos; y una segunda etapa en la que se aplica la acción pues los estudiantes intervienen dentro de la colectividad mediante talleres de capacitación que permiten la promoción y difusión de los derechos de los jóvenes.
Además, la ejecución de este proyecto aporta al objetivo 1 del Plan toda una vida: “garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”. Y, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aporta al objetivo 16: “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles”.
En la Constitución de la República del Ecuador, los jóvenes y adolescentes son considerados un grupo prioritario y se establece que el Estado promoverá la realización de sus derechos a través de políticas y programas que garanticen su participación en la vida pública, reconociéndolos como actores clave pues se les debe garantizar educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre y libertad de expresión y asociación, promoviendo también su acceso al trabajo digno y estable.
Principales resultados del proyecto
Luego de dos años de ejecución, se ha generado material divulgativo que permite el aprendizaje e identificación de los derechos de los jóvenes en la sociedad en general y también se ha logrado capacitar a 5.093 beneficiarios a escala nacional durante cuatro ciclos académicos. Esto, además de empoderar a este grupo poblacional para que exija sus derechos en casos de vulneración. Finalmente, los resultados reposan en un libro de memorias elaborado para la difusión del proyecto y para aportar a la colectividad con artículos relacionados con los derechos de este sector.
Desde el grupo de investigación se propone que el Estado debe mantener un rol activo y crear normas y, además, a través de las instituciones públicas o privadas, generar políticas y determinar mecanismos viables y eficaces para judicializar la vulneración de derechos y exigir el cumplimiento de estos. Frente a ello, Ochoa manifiesta que entre las tareas pendientes queda “trabajar de forma colaborativa con entidades de Gobierno para la generación de políticas públicas eficaces que permitan mitigar, y si es posible eliminar, las problemáticas que afectan a los jóvenes dentro de la sociedad”.
Este artículo forma parte de la Revista Perspectivas de Investigación, edición #66, correspondiente a los meses agosto-septiembre 2022. Si quieres acceder a la revista completa clic aquí.
