cárcel
mans hands behind bars in jail or prison

Un proyecto de investigación de la UTPL busca alertar y crear conciencia para hacer efectivos los sistemas de rehabilitación centrados en la educación.

El análisis de la efectividad del sistema penitenciario del Ecuador ocupa la actividad investigativa del equipo de trabajo que dirige la profesora Emma Patricia Pacheco Montoya, del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UTPL. Su estudio se enfoca en evidenciar si en el país se cumple o no con el proceso de rehabilitación social. La iniciativa inició hace más de tres años, explica, cuando en el país existía otra estructura orgánica administrativa que permitía avizorar que se podía llevar a la práctica una verdadera política de rehabilitación social.

Este es un proyecto que busca evidenciar un problema social, jurídico y educativo que atañe a toda la población, pues las personas privadas de la libertad cumplen penas temporales y, por lo tanto, tarde o temprano se reinsertan en la sociedad; y, si no son rehabilitadas durante su permanencia en las cárceles, al volver a la sociedad constituyen un problema mayor por todo el aprendizaje negativo que pueden obtener en estas.

En un primer momento, el equipo de la profesora Pacheco Montoya llevó a cabo un levantamiento de toda la estructura macro de rehabilitación social y las políticas públicas nacionales que emanaban desde el Ministerio de Justicia. Sus miembros se centraron en observar cómo se ejecutaban en la práctica los ejes de rehabilitación y en evaluar sus niveles de cumplimiento.

“Durante la investigación las políticas nacionales cambiaron y desapareció el Ministerio de Justicia, por lo que sus funciones pasaron a ser parte del Ministerio del Interior. Semanas después desapareció el Ministerio del Interior y esta dependencia tomó el nombre de Ministerio de Gobierno con una orientación política diferente, por lo que el sistema de rehabilitación social pasó a ser una dependencia de menor jerarquía dentro de este ministerio e inclusive las direcciones provinciales perdieron autonomía y capacidad de gestión. Esto, evidentemente significó que los programas de rehabilitación también sufrieran recortes presupuestarios y falta de ejecución”, asegura la docente.

El proyecto busca alertar y crear conciencia para hacer efectivos los sistemas de rehabilitación centrados en la educación. Como señala Emma Patricia Pacheco Montoya, “esta investigación tiene dos momentos bien definidos. En la primera parte participó una estudiante de modalidad presencial, Stefanía Briceño Ludeña, quien hoy ya es abogada, ella recolectó y procesó la información, además de obtener datos bibliográficos y de campo a través de entrevistas a operadores de justicia y funcionarios del Sistema de Rehabilitación Social. Mientras, en la segunda parte, que se está desarrollando, estamos dos docentes de la UTPL: Ph.D. Deisi Yunga Godoy (Ciencias de la Educación – UTPL) y mi persona, (Ciencias Jurídicas – UTPL), quienes estamos realizando investigación bibliográfica y de campo, entrevistando a personas privadas de libertad (PPL) y a personas que tienen que ver con el sistema de educación para estas”.

“Nuestro trabajo contribuye a desbaratar mitos sobre el sistema de rehabilitación social y las personas privadas de libertad. Además, permite conocer un problema social lacerante del país que requiere la creación y aplicación de políticas públicas”.

En Ecuador hay antecedentes de estudios previos sobre el sistema de rehabilitación en general, pero la investigación de la profesora Pacheco Montoya es novedosa en abordar el sistema de educación de las personas privadas de libertad y, sobre todo, en lo que se refiere a la educación superior a distancia. “La aplicación y trascendencia de nuestros resultados apuntan a que la sociedad conozca la realidad del sistema de rehabilitación social del Ecuador. Nuestro trabajo contribuye a desbaratar una serie de mitos respecto al sistema de rehabilitación social y a las personas privadas de libertad. Además, permite conocer un problema social lacerante del país que requiere la atención del Estado a través de la creación y aplicación de políticas públicas”, añade.

Su investigación se ha visto afectada por las restricciones derivadas de la pandemia del Covid-19. “En el último año hemos realizado toda la investigación con la utilización de herramientas tecnológicas, incluso las entrevistas las hemos desarrollado telefónicamente o por Zoom, ya que por temas de distanciamiento social no podemos hacer actividades de contacto directo. Cabe mencionar que al inicio de la pandemia las cárceles estaban en cuarentena total, por lo que había restricción para acercarse a sus dependencias”, cuenta la investigadora.

Aún con eso, la investigación tendrá resultados prometedores que permitirán tener indicadores reales y objetivos respecto al cumplimiento o no de la rehabilitación social en el país con énfasis en la aplicación de políticas públicas relacionadas con el eje educativo. Como sostiene Patricia Pacheco, “los beneficios son múltiples y dependerán de cómo cada persona asimila la importancia o no de la rehabilitación, y cómo asocia el criterio de crimen, sentencia, pena, rehabilitación y reinserción social. Estamos en una sociedad que en los actuales momentos vive la teoría penal del enemigo, por lo que lo primero que propugna es la muerte del infractor antes que cualquier tema de rehabilitación”.

Centros carcelarios en Ecuador

  1. En Ecuador existen 37 centros carcelarios para personas adultas y 11 para adolescentes infractores.
  2. A partir de agosto de 2020 se dio una nueva nomenclatura organizativa a los centros carcelarios con base en la condición jurídica de las personas que ahí se encuentren:
    • Centros de rehabilitación social, solo personas con sentencia en firme. Hay siete para personal masculino.
    • Centros de privación de libertad: tanto personas con detención provisional, como con sentencia en firme. Hay 27. De ellos cuatro son para mujeres, 16 son mixtos y siete son para hombres.
    • Centros de privación provisional de libertad. Hay tres y, de ellos, dos son para hombres y uno es mixto.
  3. Según la Secretaría Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), a febrero de 2021 en Ecuador existían 38.498 personas en centros carcelarios (36.001 hombres y 2.497 mujeres). La capacidad efectiva de las cárceles es de 29.897 personas. El hacinamiento es del 28.77%.
  4. Según la SNAI, a febrero de 2021 en Ecuador existen 1.460 agentes de seguridad penitenciaria. Los parámetros de seguridad internacionales señalan que debería existir uno por cada 10 personas privadas de libertad. Esto representa un déficit de alrededor del 70%.

Este reportaje forma parte de la Revista Perspectivas de Investigación, edición #59, correspondiente a los meses junio-julio 2021. Si quieres acceder a la revista completa clic aquí.