ANTECEDENTES
El 1 de octubre de 2019, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, anunció una serie de medidas económicas que entrarían en vigencia inmediatamente. Además propuso 13 reformas económicas y laborales que habrían de ser presentadas a la Asamblea Nacional para deliberación, a mediano plazo.
Las medidas económicas que se concretaron por medio del Decreto Presidencial 883, del día 3 de octubre, fueron las 6 siguientes:
- Se liberaba el precio del diésel y gasolina ‘extra’ y ‘ecopaís’.
- 300.000 familias más recibirían 15 dólares mensuales adicionales por diferentes bonos.
- Se eliminaban o reducían aranceles para maquinaria, equipos y materias primas agrícolas e industriales.
- Se eliminarían aranceles a la importación de celulares, computadoras y tabletas.
- Se concederían 1.000 millones de dólares para créditos hipotecarios a una tasa del 4,99%.
- Los contratos ocasionales en el sector público se renovarían con 20% menos de remuneración.
Desde que el decreto presidencial se hizo efectivo se levantó una ola de manifestaciones políticas, movimientos sociales, marchas, protestas y disturbios en varias ciudades y vías del Ecuador. La principal medida en coyuntura fue la que liberaba los precios de los combustibles, pues esto significaría el fin de los subsidios al diésel y la gasolina.
La paralización del país duró 11 días, con lo que la Cámara de Industrias en Guayaquil ha estimado que hubieron pérdidas de alrededor de 2.300 millones de dólares en los sectores económicos del país, en especial en el comercio y manufactura.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo ha determinado que, en el mismo periodo, de los enfrentamientos y disturbios se reportaron 11 defunciones y 1.340 heridos. Cinco de las víctimas habrían resultado de la confrontación con la Policía Nacional.
En medio de dicha emergencia nacional, el 13 octubre, personal del Gobierno se reunió con miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, con mediación de la Organización de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. En dicha reunión se acordó la elaboración de un nuevo documento que sustituiría al Decreto 883.
Es así que el anterior decreto quedó derogado y se presentó uno nuevo (894) que postula un proceso de elaboración de nuevas medidas económicas. Se detalla en éste último que el objetivo es hacer vigente una política de subsidios de combustibles con enfoque integral, criterios de racionalización, focalización y sectorialización, que no beneficien a contrabandistas de combustibles ni a personas de mayores recursos económicos.
ENFOQUE SOCIO-ECONÓMICO
Diego García, coordinador de la titulación de Administración en Gestión Pública de la UTPL, ha compartido con nosotros su apreciación de las medidas económicas, principalmente la que concierne a los subsidios de combustible, referente al aspecto socio-económico.
La modificación de subsidios tiene afectaciones directas e indirectas. De forma directa, afecta al transporte público: la materia prima de un bus, por ejemplo, es el combustible. En este escenario, los transportistas sienten el impacto de primera mano, lo que explica por qué las primeras protestas de principio de octubre fueron llevadas a cabo por ese gremio. Por unos pocos días, hasta que el Decreto 883 se derogó, el Gobierno asumió temporalmente la competencia de los Municipios y aprobó un aumento de 10 centavos al transporte público.
De forma indirecta, la modificación de los subsidios afectaría el costo de la canasta básica debido a que el diésel se utiliza en el transporte de alimentos pero no prominentemente en su obtención. También se advertía que este impacto lo experimentarían otros sectores del mercado.
Aunque Diego García expresa que en Ecuador existe un subsidio a los combustibles desde la década de los 70 que distorsiona los precios normales en una economía, no está de acuerdo con su eliminación total. Más bien sugiere que este tipo de subvención debería focalizarse en el beneficio de quienes más lo necesitan. En contraparte, quienes poseen suficientes recursos, no deberían recibir un subsidio del Estado.
Estas reflexiones las hace apuntando que en Ecuador aproximadamente el 25% de la población vive en pobreza, o sea, con menos de 87 dólares al mes. Con un margen tan pequeño e inestable de ingresos, esta sección de la población se ve fuertemente afectada por un aumento, aunque fuera mínimo, del precio del transporte público y la canasta básica.
Previendo dicha precariedad económica, el decreto derogado instaba un aumento de 15 dólares mensuales a las personas que reciben el bono de desarrollo humano. Además se planteaba aumentar el número de personas beneficiadas por el bono a 1,3 millones. Sin embargo, incluso con el aumento económico y poblacional del bono de desarrollo humano, Diego García considera que esta sigue siendo una medida paliativa insuficiente, en cuanto no cubre las necesidades de cerca de 4,3 millones de ecuatorianos que viven en pobreza.
ACERCA DE LA INDUSTRIA EN ECUADOR
Así mismo, Juan Febres, coordinador de la titulación en Ingeniería Industrial de la UTPL, nos comenta sus reflexiones sobre las medidas económicas desde la perspectiva de las industrias en Ecuador. Empezamos conversando sobre los combustibles: la medida económica que atrajo más atención pública.
En general, el consumo de combustibles en las industrias es muy elevado. Sin embargo, a excepción de ciertos sectores, la eliminación de subsidios para estas áreas no supondría un gasto tan importante como para que el producto final aumente su precio considerablemente. Esto se debe a que los precios de productos se componen de una serie de costos directos e indirectos, y no solamente de combustibles. Entre esos costos se encuentran la mano de obra, materiales, arrendamiento y costos de capital.
Si bien es cierto, muchas máquinas funcionan con gasolina, al igual que su transporte y el del personal, la valoración de cuánto se sube un producto en relación a cuánto se gasta en combustibles es casi inexistente en Ecuador. Muchas industrias simplemente fijan alzas a sus productos en base a especulación y no a valoración técnica.
Dicho esto, es importante apuntar que los sectores que soportarían impactos más fuertes serían aquellos en los que el transporte es la principal actividad o transformación del producto. Aun así, otros países de Latinoamérica que cuentan con precios de combustibles más altos que los de Ecuador han demostrado tener transporte más barato, lo que responde a un control adecuado de procesos logísticos de abastecimiento de material y producto terminado. Es decir, en Ecuador el transporte de materia y productos es deficiente y riesgoso, lo que establece precios de transporte tan altos, independientemente del costo del combustible.
Juan Febres es de la opinión que las industrias que trabajen directamente con combustibles, deberían buscar un cambio a energías alternativas; por ejemplo, energía solar fotovoltaica conectada a red. Inversiones de este tipo, llevadas de buena manera, garantizan la recuperación del capital y agregan valor a una empresa en cuanto a su concepto. Esto se aplica como oportunidad de inversión principalmente en el caso de grandes empresas; mientras que, para pequeñas industrias, serían deseables acciones que disminuyan el desperdicio del combustible y maximicen el ahorro eficiente.
Sean cuales fueran las medidas económicas respecto a los combustibles, las industrias en Ecuador no deberían alzar los productos finales indiscriminadamente. Aunque los costos inflen el precio de producción y transporte, las industrias deben también soportar parte de esos costos para que no se transfieran en su totalidad al cliente final. Si el cliente final termina soportando todos los costos extra de una medida económica entonces el mercado se desestabiliza de tal manera que la demanda de productos disminuye, afectando finalmente a la misma industria.
En cuanto a las medidas de eliminación y reducción de aranceles, Juan Febres nos comenta que las empresas deberán balancear los costos extra que puedan provenir de combustibles con la disminución de costos en maquinaria y materia prima. Dicho balance permite formular precios reales de los productos y proponer posibilidades de inversión; por ejemplo, en el sector agrícola a gran escala, inversiones de buenas prácticas de sembrío, nueva maquinaria, o cambios a sus sistemas energéticos. Por otro lado, los productores pequeños no se beneficiarían de la misma manera, en especial al tomar en cuenta que por el control inadecuado de los precios de mercado el agricultor es quien gana menos en la cadena de producción y distribución.
Por último hablamos del plan de conceder 1.000 millones de dólares para créditos hipotecarios. Esta medida la ha propuesto el Estado con miras a reactivar el sector de la construcción deprimido en el país por más de 5 años. Se ve un buen horizonte al poder contar con créditos de bajo interés, siempre y cuando el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pueda hacer una evaluación correcta de la entrega y pago de créditos para evitar una burbuja inmobiliaria. Los constructores intentarían aprovechar estos créditos, y si el control es adecuado y la población financieramente educada, entonces es posible que la medida beneficie a la industria de la construcción.
